La Alcaldía de Montero intensificó durante el primer semestre de 2026 su ofensiva contra las balanzas adulteradas y retiró de circulación 145 equipos. La medida apunta a proteger la economía de las familias, transparentar el comercio y fortalecer la defensa del consumidor en los mercados y centros de abastecimiento del municipio.
El operativo, ejecutado por la Unidad de Defensa del Consumidor, permitió decomisar 140 balanzas mecánicas tipo reloj y cinco balanzas digitales. Cada equipo retirado representa una acción concreta para frenar prácticas que perjudican directamente a la población.
La intervención municipal se desplegó en distintos mercados y puntos de venta de alimentos de primera necesidad, donde el personal técnico verificó el funcionamiento de los instrumentos de pesaje utilizados por los comerciantes. El propósito fue evitar cobros indebidos, impedir el engaño al consumidor y garantizar que la ciudadanía reciba exactamente la cantidad de producto por la que paga.
Detrás de cada decomiso hay un mensaje claro de autoridad y fiscalización: en Montero, el peso exacto no es una opción, sino una obligación. La Alcaldía busca cortar de raíz una práctica que durante años afectó silenciosamente el bolsillo de las familias, especialmente en la compra diaria de alimentos básicos.
Estas acciones forman parte de la política de defensa del consumidor impulsada por el alcalde municipal Regys Medina Paz, quien instruyó reforzar los controles en los centros de abastecimiento para resguardar la economía de los vecinos. La gestión municipal sostiene que la protección al consumidor no debe quedarse en el discurso, sino reflejarse en operativos permanentes, sanciones y medidas ejemplificadoras.
Desde el Gobierno Autónomo Municipal se remarcó que la fiscalización no solo tiene un carácter sancionador, sino también preventivo. El objetivo es consolidar una cultura de respeto al consumidor, promover el cumplimiento de las normas comerciales y avanzar hacia mercados más ordenados, responsables y transparentes.
El responsable de la Unidad de Defensa del Consumidor, Miguel Peinado Flambury, explicó que los controles se desarrollan de manera constante como parte de un plan municipal que prioriza la defensa de los derechos de la población. Señaló que el trabajo realizado en los últimos meses ha permitido reducir la presencia de balanzas adulteradas en los centros de abasto, lo que demuestra la efectividad de los operativos y una mayor conciencia en parte del sector comercial.
El procedimiento establecido por el municipio señala que los comerciantes observados cuentan con un plazo de tres días para presentarse en oficinas de Defensa del Consumidor y justificar el uso del equipo decomisado. Si no lo hacen, las balanzas quedan almacenadas y posteriormente son destruidas, evitando así que vuelvan a ser utilizadas en perjuicio de la población.
La destrucción de estos instrumentos se realiza de manera pública y con presencia de la prensa, como una señal de transparencia sobre el destino final de los equipos incautados.
La ofensiva municipal contra las balanzas adulteradas cuenta además con respaldo jurídico. La Constitución Política del Estado, en sus artículos 298 y 302, reconoce el sistema de pesas y medidas y faculta a los gobiernos autónomos municipales a ejercer acciones de control y defensa del consumidor dentro de su jurisdicción.
A este marco se suman la Ley N.º 453 de los Derechos de las Usuarias y los Usuarios y de las Consumidoras y los Consumidores, que protege a la población frente a prácticas engañosas o desleales; la Ley N.º 182 General de Pesas y Medidas, que regula la fiscalización de los instrumentos de pesaje en actividades comerciales; y la Ordenanza Municipal N.º 025/90, que constituye el sustento normativo local para la verificación y control de balanzas en Montero.
Bajo ese marco legal, la Alcaldía ha consolidado una línea de trabajo que combina control, prevención y transparencia. Aunque la reducción de infracciones en los últimos meses es vista como una señal positiva, las autoridades consideran que aún no es suficiente y han ratificado la continuidad de los operativos en todos los mercados y centros de abastecimiento del municipio.
La gestión del alcalde Regys Medina Paz ha puesto énfasis en que la defensa del consumidor es una responsabilidad directa del gobierno municipal y una herramienta concreta de protección social. En una ciudad donde miles de familias acuden a diario a los mercados para abastecerse, garantizar el peso justo de los productos significa defender la economía del hogar y recuperar la confianza de la población en el comercio local.
Con 145 balanzas adulteradas fuera de circulación, Montero envía una señal firme: el comercio debe desarrollarse con reglas claras, transparencia y respeto al consumidor. Y mientras persistan irregularidades, la fiscalización municipal continuará avanzando con un objetivo innegociable: asegurar que cada ciudadano reciba exactamente aquello por lo que paga.